Por Elvia Rodríguez (Ñuu Savi, Equipo de CS)
¿Alguna vez se han preguntado cómo se vive en un lugar afectado por la explotación minera? Yo, sí, muchas veces, cada vez que leía un artículo, cada vez que escuchaba un testimonio, cada vez que veía un video en las redes sociales, y creía entender lo que significaba. Sin embargo, ningún libro, ningún artículo, ningún video puede transmitirte lo que es vivir día a día en un territorio que está siendo sacrificado.
Totoral Chico es una pequeña comunidad ubicada en el Altiplano Andino de Bolivia, que recibe su nombre de la planta totora: una planta herbácea perenne acuática, común en América del Sur. Para llegar a Totoral Chico es necesario pasar por la provincia de Poopó, el trayecto de 35 minutos entre una comunidad a otra, es un recorrido que invita a la reflexión, pues te lleva por diferentes escenarios, en primer lugar, un paisaje de acantilados y montañas, donde el agua se percibe como un recurso escaso y la tierra, cubierta de arbustos revela la fuerza silenciosa de la naturaleza y de sus habitantes. Y posteriormente, el avistamiento de casas en su mayoría levantadas con adobe, como testimonio vivo de la profunda historia y la memoria de los pueblos que han habitado y siguen habitando el territorio.
Junto a la carretera de terracería que conduce a Totoral Chico corre el río Desaguadero, un afluente en el que las personas ya no ven la presencia de totoras ni conocen la transparencia del agua: el cauce se tiñó de tonalidades amarillas, naranjas, verdes y rojas, desprendiendo un olor penetrante a azufre y descomposición, signo evidente de que el agua está enferma. A esta situación se suma la acumulación de cientos de desechos sólidos y, a lo lejos, se observa la presencia de personas dentro del río extrayendo minerales. El paisaje es árido, dominado por matices ocres y cafés que reflejan con crudeza la magnitud de la contaminación en la región.
Soraida Ventura, miembro de la comunidad de Totoral Chico relata la violencia que viven en el territorio.
Relaves mineros provenientes de la Mina La Salvada descargados directamente en el Río Desaguadero.
A pesar de las dificultades, la esperanza de ver estos territorios limpios y sanos persiste entre las y los comuneros, quienes arriesgan su vida día a día. En Totoral Chico, se nos recibió con entusiasmo por las hermanas y hermanos que continúan resistiendo y que, pese a las múltiples formas de violencia sufridas, se mantienen firmes en la defensa y permanencia de su territorio. Durante el encuentro compartieron la grave situación que enfrentan, marcada principalmente por la escasez de agua para el consumo humano, el cuidado de los animales y el cultivo de alimentos. A ello se suman la contaminación y despojo de sus tierras, la exposición a un medio ambiente peligroso, la violación de sus derechos humanos y colectivos, así como el hostigamiento y la violencia física, psicológica y comunitaria, entre otras adversidades.
Por años, las y los comuneros de Totoral Chico han denunciado la presencia ilegal de las empresas mineras en su territorio y han evidenciado la violencia a la que han sido sometidos. A pesar de estas denuncias, la coyuntura no ha cambiado, continúan en una situación de vulnerabilidad y peligro evidente, mientras sus tierras son gradualmente arrebatadas por familias de mineros que se han establecido en la comunidad.
Soraida, una mujer quechua, relata que la extracción minera en el Totoral solía ser artesanal, sin embargo, en el 2022 su comunidad descubrió que la minera La Salvada, tenía un subcontrato con la empresa Meraki S.R.L; para rentarles maquinaria pesada y moderna que les permitiría realizar operaciones de explotación a gran escala. Esto implicó el uso de sustancias altamente tóxicas como mercurio, arsénico y ácido sulfúrico. Ante sus demandas de acceso a agua limpia y protección de su territorio para el cultivo, los comuneros que se resisten a la explotación minera han sido objeto de violencia frecuentemente por parte de los sindicatos de mineros.
Acumulación de residuos sólidos y relaves mineros en la comunidad de Totoral Chico.
El hecho que marcó un antes y un después en la comunidad, ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando un grupo de mujeres y hombres realizaba una vigilancia pacífica para proteger sus tierras de pastoreo colectivo, en las que días antes la empresa minera había intentado desplegar maquinaria pesada para iniciar la explotación. Alrededor de las 9:00 o 10:00 de la mañana llegó un contingente de mineros del Sindicato Avicaya acompañados por sus esposas, sumando aproximadamente 200 personas. Estas personas agredieron físicamente al reducido grupo de comuneras y comuneros que protegían su territorio. La violencia física y verbal de esa mañana dio paso a la intervención del Defensor del Pueblo de Oruro, quien acudió a dialogar y tratar de apaciguar el conflicto. Sin embargo, tras su salida de la comunidad, los mineros cercaron las viviendas de las autoridades tradicionales y detonaron dinamita, sin consideración por la niñez ni por las personas adultas mayores.
Como forma de salvaguardar su integridad, al siguiente día en la madrugada, un grupo de mujeres y dos niñas se vieron forzadas a abandonar Totoral Chico, con la intención de realizar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Huanuni y ante otras instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Un par de días después, las personas comuneras interpusieron una acción de Defensa Constitucional de Emergencia (Habeas Corpus) ante el Juzgado Séptimo de Oruro, sin embargo, el juez negó la petición de resguardar su derecho a la vida, a la seguridad pública, al libre tránsito y a que las mujeres y niñas desplazadas pudieran volver a la comunidad.
Dique de relaves a cielo abierto de la Mina Bolívar, localizado en la comunidad Queaqueani Grande, cercano a zonas habitadas por comuneros.
Desde entonces, los habitantes de Totoral Chico viven en incertidumbre e inseguridad, ya que tanto la niñez como las personas adultas son acosadas en todos los espacios comunes. “En las tiendas no nos venden ni un pan por ser comuneros”, relata uno de los asistentes. “Nuestros hijos son violentados por sus compañeros en la escuela, porque nosotros somos comuneros y no mineros”, añade una comunera.
Al día de hoy, la demanda interpuesta por la comunidad se encuentra en la Segunda Instancia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia; sin embargo, su circunstancia no ha cambiado. Viven con temor en un territorio que sigue siendo desangrado por las múltiples mineras que se encuentran en Totoral Chico y el Ayllu Acre Antequera. Lamentablemente, aún parece lejano el día en que cesen las actividades mineras y la reparación de los profundos daños ambientales y sociales que han marcado a este pequeño poblado. Al finalizar nuestra conversación, además de sentirnos profundamente conmovidas por la crudeza de lo narrado, quedamos impresionadas por la fortaleza y firmeza de los comuneros que siguen resistiendo.
En Totoral Chico, el paisaje muestra relaves mineros y territorio afectado por la actividad extractiva.
Compartir con nosotras la violencia que atraviesan en su vida cotidiana no es fácil, ni en lo personal ni en lo colectivo; sin embargo, mantienen viva la esperanza de volver a ver sus montañas, ríos y lagos sanos, como en su niñez y adolescencia. Se niegan a heredar a sus hijas e hijos un territorio contaminado, porque tienen la certeza de que la sacralidad de la tierra y lo que ella provee es la garantía de su permanencia como pueblo quechua, allí donde la comunidad cobra sentido y fuerza.
Las exigencias centrales de la comunidad son claras: acceso efectivo a la justicia, reparación integral por los daños ocasionados por las empresas mineras, garantía plena de una vida libre de violencia y la aplicación del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Cultural Survival, en congruencia con su misión sobre la protección y defensa de los pueblos originarios e indígenas, respalda firmemente esta demanda e insta al Estado boliviano a cumplir con su obligación de salvaguardar los derechos humanos y colectivos de las comunidades afectadas por la minería. La dignidad y la seguridad de los pueblos no son negociables; son la base indispensable para el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho.
Foto superior: Tata Joaquin Villanueva, autoridad del Ayllu Acre Antequera en el pueblo de Antequera, zona donde la Mina Bolívar ha incorporado amplias áreas al proceso de explotación y asentamiento minero.
