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La falta de voluntad política del Estado a cumplir los Acuerdos de Paz de 1996 que garantizan frecuencias del espectro radioeléctrico a los Pueblos Indígenas para que promuevan sus derechos e identidad, motivó al Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala a presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial a la Ley de Telecomunicaciones en el 2011, declarada sin lugar, por la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, exhorta al Congreso a regular frecuencias para los pueblos originarios. El incumplimiento y la violación del derecho a la Libertad de Expresión, se denuncia en el 2012 ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de 8 años, se admite el caso y es trasladada a la Corte Interamericana en el 2020.
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